Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista FIT/Unidad

El gobierno de Jorge Macri desplegó más de 1.500 efectivos en villas porteñas con el argumento de combatir el narcotráfico. Pero el operativo “Tormenta Negra” dejó denuncias de violencia, destrozos y hostigamiento contra familias trabajadoras, mientras se profundiza la crisis habitacional y social 
en la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri profundizó su ofensiva sobre los barrios populares. El operativo ilegal, desplegado simultáneamente en quince villas porteñas el jueves 14 de mayo, contó con más de 1.500 efectivos, drones, helicópteros y vehículos blindados, y fue presentado oficialmente como una acción contra el narcotráfico. Sin embargo, lo que se vivió en los barrios fue otra cosa: un violento operativo de control social, estigmatización y hostigamiento contra miles de familias trabajadoras, que denunciaron destrozos en viviendas y el robo de mercadería en comedores comunitarios.

El saldo fue contundente: una demostración de fuerza contra los sectores populares y ningún avance real contra las redes del narcotráfico, que funcionan con distintos niveles de connivencia estatal. La brutalidad del operativo generó tal repudio que incluso el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó públicamente el accionar oficial.

La espectacularización mediática de la represión buscó reforzar el discurso de “mano dura” del PRO en su disputa con Patricia Bullrich y La Libertad Avanza. Pero, tras casi veinte años de gobiernos del PRO en la Ciudad, la crisis habitacional y social no hizo más que agravarse. Mientras crecen los negocios inmobiliarios y las construcciones de lujo, cada vez más familias trabajadoras enfrentan alquileres impagables y desalojos cotidianos.

La política represiva se combina con un abandono presupuestario: menos del 1% del presupuesto porteño se destina a vivienda. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad no solo denunciamos la actual crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también proponemos una serie de medidas para combatirla. Entre ellas, priorizar el derecho a la vivienda mediante impuestos a las viviendas ociosas, créditos accesibles para vivienda única y una regulación efectiva de los alquileres. Más planificación urbana y menos especulación inmobiliaria.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT/Unidad 

La ratificación de la condena a Juan Darthés por el abuso sexual cometido contra Thelma Fardin trasciende ampliamente el plano estrictamente judicial. No se trata únicamente de una resolución de tribunales, sino de un acontecimiento con profundas implicancias políticas, sociales y culturales, que repercute de manera directa en la vida de miles de víctimas y se inscribe en la trayectoria reciente del movimiento feminista. Este fallo adquiere aún mayor relevancia en un escenario atravesado por el avance de sectores de ultraderecha conservadora, que buscan cuestionar y revertir derechos conquistados como parte de una ofensiva cultural más amplia. En particular en nuestro país, donde el gobierno impulsa discursos que ponen en duda a las víctimas, instalando la idea de supuestas “falsas denuncias” en casos de violencia de género y abuso.

La justicia federal de Brasil confirmó la responsabilidad penal de Darthés en el juicio por violación contra Fardin, dejando firme la pena de seis años de prisión. El Tribunal Regional Federal de São Paulo, mediante una decisión respaldada por cinco magistrados, emitió un pronunciamiento categórico que no solo reconoce la denuncia de la actriz, sino que también interpela al conjunto de las víctimas de violencia sexual. El tribunal estableció un criterio clave: el eje del análisis debe situarse en la conducta del agresor, en su condición de adulto y en la asimetría de poder existente, más que en exigir pruebas de resistencia por parte de la víctima. En esa línea, la sentencia reafirma un principio fundamental: sin consentimiento, toda relación sexual constituye abuso o violación.

Este fallo también pone en primer plano la valentía de Thelma Fardin, que sostuvo su denuncia durante años frente a presiones, exposición pública y un proceso judicial largo y desgastante. Su decisión siempre estuvo respaldada por una trama colectiva de acompañamiento, en la que el movimiento feminista jugó un rol decisivo, transformando el dolor en organización y la denuncia en una causa política más amplia. Esa fuerza colectiva es la que permitió romper el cerco de la impunidad y torcer un destino que, durante mucho tiempo, parecía escrito de antemano para las víctimas. Y es también la que hoy cobra especial importancia frente al avance del gobierno de Javier Milei, que insiste en desacreditar las denuncias por violencia de género bajo el argumento de las “falsas denuncias”, alimentando un clima de sospecha y desprotección.

En ese contexto, la condena firme a Juan Darthés no solo representa un acto de justicia, sino también una herramienta para seguir dando la pelea. Porque reafirma que las víctimas dicen la verdad, que denunciar vale la pena y que, frente a los intentos de retroceso, la organización y la lucha feminista siguen siendo el camino para defender y profundizar cada una de las conquistas logradas.
 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT/UNidad 

El caso del entrenador Diego Guacci se remonta a 2021, cuando cinco futbolistas de la selección argentina lo denunciaron ante la FIFA por situaciones de acoso sexual, abuso psicológico y hostigamiento ocurridas durante su paso por clubes y selecciones juveniles. Sin embargo, tras un proceso que se extendió por aproximadamente un año, el organismo internacional decidió archivar la causa al considerar que las pruebas resultaban “insuficientes” para aplicar una sanción. Esta decisión consolidó un escenario de impunidad institucional y fue fuertemente cuestionada por las denunciantes, que señalaron la falta de escucha, acompañamiento y protección dentro de las estructuras del fútbol. En las últimas semanas, al menos tres futbolistas más hicieron públicos sus testimonios, elevando a ocho el número de denunciantes. Estas nuevas voces no sólo amplían la magnitud del caso, sino que refuerzan la existencia de un patrón sostenido de abuso, violencia y hostigamiento a lo largo del tiempo.

En este contexto, no resulta casual que Guacci se ubique entre quienes impulsan el endurecimiento de penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. El proyecto promovido por la senadora Carolina Losada (con el respaldo de Patricia Bullrich) ya cuenta con dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Lejos de proteger a las víctimas, este tipo de iniciativas refuerza un clima de sospecha y desalienta las denuncias, beneficiando a quienes ejercen violencia. La irrupción de nuevas denuncias vuelve a poner en evidencia la urgencia de terminar con la impunidad de la que gozan abusadores y violentos. También deja al descubierto el sentido político de la campaña sobre las “falsas denuncias”, promovida desde el gobierno, que busca sembrar miedo, desacreditar a las víctimas y garantizar el silencio. Pero ese intento no pasa sin respuesta. El movimiento feminista ha demostrado una y otra vez su capacidad de organización y lucha, conquistando derechos y rompiendo pactos de silencio. Porque frente a cada intento de retroceso, la respuesta es colectiva. Como lo expresa una consigna que ya es bandera: “Si soplan fuerte, levantarán olas. Sabemos ser marea.”
  

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Los debates en el peronismo para armar un frente contra Javier Milei reeditan viejas alianzas que ya han llevado a la decepción. Lo que necesita el pueblo trabajador no es un nuevo frente patronal, sino una nueva alternativa política como lo postula el Frente de Izquierda Unidad.

La crisis social, agravada por los escándalos de corrupción, erosiona cada vez más al gobierno de Milei. Frente a su pronunciado desgaste, los distintos sectores en que se divide el peronismo comienzan a plantear un objetivo: intentar construir un frente electoral anti-Milei. “Hablan de enfrentar a Milei, pero en su fuero íntimo se preparan para la competencia interna”, dice un medio. No convocan a aprovechar la crisis del gobierno para llamar a derrotar a su plan motosierra, sino pensando en las elecciones de 2027. Plan motosierra que también aplican los gobernadores.

El propio anuncio de hacer un frente amplio contra Milei puede generar algún grado de simpatía. Pero lejos de representar una novedad, sería una nueva reedición de alianzas entre políticos patronales que ya gobernaron, como el Frente de Todos y Unión por la Patria, llevando a amplios sectores a la una justa desilusión. Grabois ya lanzó su candidatura y Kicillof de hecho está en eso. 

Pichetto, Uñac, Massa…

En febrero de este año, el peronista de centroderecha Miguel Ángel Pichetto (quien gobernó con Macri) le propuso a Cristina Fernández la conformación de “un frente democrático, capitalista y productivo”, una definición que deja en claro los límites de ese armado y su compromiso con los mismos intereses económicos de siempre.

El senador Sergio Uñac (que votó la reforma a la ley de glaciares en favor de las mineras) planteó una gran interna abierta. Sergio Massa también está activo. Dicen desde distintos sectores que el armado se podría completar con los gobernadores con peluca que le garantizaron los votos al oficialismo para que salga la reforma laboral y la ley de glaciares: los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Aliados de Milei que podrían ser exonerados. 

Kicillof y la propuesta de Máximo y Cristina

Axel Kicillof ensaya gestos de apertura hacia sectores del radicalismo y del macrismo con acuerdos con Maximiliano Pullaro y reuniones con los ex macristas Nicolás Massot y Emilio Monzó. Desde su entorno plantean la necesidad de “ampliar” el frente más allá del peronismo. “Me encontré con una persona diferente. Lo vi con los pies sobre la tierra”, dijo Massot de Kicillof.

Del otro lado, Máximo Kirchner intenta fijar condiciones para esa ampliación. ¿Qué propone? Un acuerdo sobre tres puntos: deuda externa, modelo productivo y reforma al Poder Judicial. Sobre el tema de la deuda su plan sería “que se va a pagar, no quieren un default, pero se tienen que sentar a discutir las condiciones.” (Página12, 19/4). ¿Pero qué modelo productivo puede haber si propone pagar una deuda usurera y fraudulenta? Discutir mejores condiciones lleva a la trampa de que puede haber acuerdos buenos con el FMI. Una mentira total. 

Este punto ordenador de un posible frente para La Cámpora implicaría un condicionamiento estructural que traerá mayores penurias para el pueblo trabajador.

Así, la llamada “oposición” se configura sin cuestionar los pilares del modelo: brutal ajuste, saqueo y dependencia. Es un frente que puede reunir desde gobernadores que acompañaron al oficialismo, a sectores del radicalismo, ex macristas, e incluso a figuras ajenas a la realidad cotidiana del país. 
Frente a este escenario, el Frente de Izquierda Unidad se plantea como una alternativa política independiente de los gobiernos y de los bloques que administran el ajuste. Su crecimiento no responde a acuerdos de cúpula, sino a una construcción sostenida en las luchas. No se trata solo de disputar elecciones, sino de construir una salida propia de las y los trabajadores. Frente a los intentos de reciclar lo ya conocido, la verdadera novedad sigue siendo que quienes nunca gobernamos podamos hacerlo: la izquierda junto al pueblo trabajador.

Escribe Mercedes Trimarchi, Diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Las denuncias falsas por motivos de género representan menos del 1% a nivel mundial, según datos de ONU Mujeres de 2024. En Argentina, de acuerdo con datos elaborados en 2025 por el Consejo de la Magistratura, menos del 3% de las denuncias penales serían falsas y estarían vinculadas principalmente a delitos económicos. La idea que el gobierno pretende instalar acerca de una supuesta “epidemia” de denuncias falsas no solo es reaccionaria, sino también engañosa.

A continuación, se presentan algunas conclusiones de un documento elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil que se oponen al proyecto de ley S-0228/2025, el cual propone aumentar las penas para quienes denuncien falsamente situaciones de violencia de género o abusos. Entre las firmantes se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres por Mujeres y Ni Una Menos, entre otras.

“Este problema no se soluciona con medidas que incrementen las barreras para las víctimas y que, en la práctica, podrían fortalecer la impunidad de los agresores. En todo caso, el principal problema que debe resolverse para abordar de manera eficiente el fenómeno que hoy se señala como ‘denuncias falsas’ es la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales en general, y de los penales en particular.

No todo hecho que no haya podido acreditarse responde a una ‘falsa denuncia’. Existen numerosos casos en los que los propios fiscales presentan acusaciones que no logran probarse en juicio, y no por ello se presume que las fiscalías actúen guiadas por ‘falsas denuncias’. En ocasiones, lo que sucede es que no se ha logrado reunir la prueba necesaria, en el marco del debido respeto de las garantías del proceso penal, para alcanzar una condena. En todo caso, lo importante sería lograr que la resolución (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se lleve adelante de un modo que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso”.